El oficialismo de derecha en Costa Rica demandó el lunes a magistrados de la Corte Suprema por supuestamente usurpar sus poderes legislativos, en una nueva escalada de una crisis institucional en el país con una de las democracias más estables del continente.
El conflicto estalló la semana pasada tras la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar el período de sus magistrados suplentes, luego de que el bloque oficialista, que es mayoría en la Asamblea, devolviera dos veces la nómina de aspirantes propuesta por el tribunal.
Los cuatro jueces aseguraron que la medida buscaba evitar una parálisis, pero la presidenta costarricense, Laura Fernández, los acusó de "golpistas" y este lunes acompañó a su bancada a interponer la demanda ante la Corte Suprema por presunto prevaricato.
Fernández, en el poder desde mayo, impulsa una reforma del poder judicial, al que señala de inacción frente a la creciente violencia del crimen organizado en el que fuera considerado por años uno de los países más seguros de la región.
"Jamás cuatro magistrados usurpadores de nuestra democracia, usurpadores de la división de poderes van a poder imponerse a 31 diputados electos por el pueblo", dijo la mandataria al acudir a la Corte en San José.
"Abiertamente le pasaron por encima a la ley", agregó ante decenas de partidarios. El prevaricato en Costa Rica es castigado con cárcel.
Por su parte, el magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, denunció recientemente una "deriva autoritaria" del gobierno, al que además acusó de asfixiar financieramente al poder judicial. Ese tribunal tiene a cargo el análisis de los recursos de amparo.
Líderes opositores, como la excandidata presidencial Claudia Dobles, acusan al gobierno de ejecutar una "guerra abierta" contra las instituciones de justicia en su propósito de concentrar todos los poderes del Estado.
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