"La patria no se vende". ¿O sí? La propiedad de la tierra, sus límites y hasta dónde puede intervenir el Estado vuelven a estar en el centro del debate en Argentina. El Senado aprobó este viernes (07.08.2026) un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que busca reforzar la denominada "inviolabilidad" de la propiedad privada.
Pero la iniciativa llegó a la votación con dos bajas importantes: quedaron fuera precisamente dos de sus puntos más controvertidos, la flexibilización de la compra de tierras por extranjeros y los cambios en las restricciones sobre terrenos afectados por incendios.
Tras casi trece horas de debate, la propuesta obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, y pasa ahora a la Cámara de Diputados.
¿Qué queda entonces del proyecto original? La iniciativa agiliza los desalojos en casos de usurpación u ocupación ilegal y establece mayores límites a la capacidad del Estado para expropiar bienes.
Para sus defensores, las nuevas reglas aportan seguridad jurídica y pueden favorecer las inversiones. Para sus críticos, podrían debilitar herramientas destinadas a proteger intereses sociales, ambientales y territoriales.
Los cuestionamientos comienzan con la propia denominación del proyecto. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez recuerda que el derecho a la propiedad privada está consagrado desde 1853 en el artículo 17 de la Constitución argentina. "La propiedad en la República Argentina es inviolable", dice a DW.
Desde el oficialismo, el senador Agustín Coto (La Libertad Avanza) defendió, en cambio, la necesidad de reforzar esa protección. El proyecto busca, afirmó, que "quien sea dueño de un bien no sea castigado por ello" y que el Estado oriente su intervención "a tutelar y defender ese derecho, y no a intervenir ni avasallarlo".
El Gobierno vincula además una mayor protección de la propiedad privada con la llegada de inversiones. Al defender el proyecto ante el Senado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, atribuyó la falta de aprovechamiento de parte de los recursos del país, entre otros factores, a "la ausencia de certezas sobre los derechos de propiedad".
Manifestantes en Buenos Aires durante las protestas contra las reformas debatidas en el Senado. (6.08.2026).Roberto Tuero/ZUMA/IMAGO
Pero justamente uno de los cambios que encontró mayor resistencia fue la flexibilización de la compra de tierras por extranjeros, que finalmente quedó fuera del proyecto.
Para Gil Domínguez, eliminar los límites existentes implicaba el riesgo de "habilitar que un extranjero, o extranjeros, pueda comprar toda la República Argentina sin límites, en zonas de fronteras, en zonas núcleo —las más productivas del país— o en zonas particularmente sensibles". A su juicio, estaba en juego "la soberanía territorial y el uso de los recursos estratégicos y naturales".
Desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) abogan, en cambio, por reducir las restricciones actuales. Su vicepresidente, José María Bauzá, también productor agropecuario, indica en entrevista con DW que deberían eliminarse los límites máximos de hectáreas y los cupos de tierras en manos extranjeras o, al menos, ampliarse el límite vigente del 15 %. Una apertura, argumenta, incentivaría nuevas inversiones, especialmente en zonas extensivas, con efectos sobre el empleo, la incorporación de tecnología y la infraestructura.
La modificación de la Ley de Manejo del Fuego abrió otro frente de discusión. El Gobierno argumentaba que las restricciones vigentes pueden provocar una "catástrofe doble" para los productores: además de sufrir las consecuencias de un incendio, ven limitada durante décadas la posibilidad de modificar el uso de sus tierras. Esas restricciones, según el informe del Consejo de Mayo, órgano consultivo creado por el Gobierno, "castigan injustamente al propietario que sufrió el daño".
Para Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, esas mismas limitaciones cumplen, por el contrario, una función preventiva. Buscan evitar, explica a este medio, "incendios especulativos": que se queme "un bosque, un humedal o un ecosistema" para convertir después esos terrenos en una plantación de soja o en un desarrollo inmobiliario.
Protesta delante del Congreso argentino contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. (6.08.2026).Daniella Fernandez Realin/ZUMA/IMAGO
¿Cuál es el balance de lo ocurrido? Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) relativizó los cambios que sufrió la iniciativa: "Así es la democracia", afirmó tras la votación.
Para Gil Domínguez, sin embargo, "el resultado es claramente una derrota política del Gobierno". A su juicio, terminaron aprobándose cuestiones "irrelevantes en términos políticos", mientras que "los temas sustanciales no fueron tratados y debieron ser eliminados del proyecto". Viale coincide con ese diagnóstico y atribuye el resultado a la enorme movilización social y al rechazo que despertaron las reformas.
Con todo, el debate podría continuar. Juan Novillo Astrada, abogado especializado en negocios inmobiliarios rurales, entiende que el Gobierno volverá a impulsar los cambios porque "los tiene en su agenda", aunque advierte a DW que para que prosperen será necesario un trabajo previo de información pública que permita explicar "por qué el país necesita inversión extranjera". Gil Domínguez lo ve menos probable: percibe "un cambio de humor social" que dificultaría que el Ejecutivo vuelva a avanzar. Por ahora, la pregunta sigue abierta: qué se vende, a quién y con qué límites.
(cp)