Una de las regiones del país más entregadas a la minería es también el territorio donde se concentra buena parte del imperio del hombre que hoy ocupa el lugar número 30 entre las mayores fortunas del planeta.
Grupo México, propiedad de Germán Larrea, acumula al menos quince accidentes e incidentes ambientales documentados por distintas autoridades. Las sanciones económicas y compromisos de reparación derivados de esos hechos suman 1,524 millones de pesos. La cifra parece elevada vista desde las finanzas públicas, pero representa apenas el 0.12% de la fortuna personal que Forbes atribuye al empresario.
Para Samuel Rosado-Zaidi, economista político e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el problema comienza desde el diseño mismo de la legislación ambiental. "La mayoría de las leyes y normas ambientales, no solo en México sino a nivel mundial, nunca son en proporción de la fortuna personal ni de la fortuna o el capital de una empresa", explica. Las sanciones responden únicamente a violaciones específicas de la norma y en el caso mexicano, se construyen sobre estándares ambientales inferiores a los que predominan en otras regiones del mundo.
El Río Sonora tuvo en 2014 un tono naranja debido al derrame de 40 mil litros cúbicos de químicos tóxicos provenientes de una fuga en la región minera de Cananea, concesionada a Grupo México. Foto: Cuartoscuro
Los expedientes oficiales muestran que prácticamente todo el monto de sanciones a Grupo México deriva del desastre ocurrido el 6 de agosto de 2014, cuando alrededor de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado escaparon de la mina Buenavista del Cobre y contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, el mayor desastre ambiental de la minería moderna en México.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso entonces multas por 22.9 millones de pesos al acreditar 55 irregularidades. Once años después, en el marco del Plan de Justicia para el Río Sonora, la empresa acordó aportar otros 1,500 millones de pesos para infraestructura hospitalaria, plantas potabilizadoras, obras hidráulicas y acciones de remediación ambiental. A esas cantidades se agregan sanciones menores por derrames de jales mineros en Zacatecas, incidentes ferroviarios en Sonora y el vertimiento de ácido sulfúrico en la terminal marítima de Guaymas, aunque en este último caso el gobierno nunca hizo público el monto de la sanción. Incluso sumadas, todas esas cantidades representan poco más de una décima de punto porcentual de la riqueza del empresario.
Rosado-Zaidi sostiene que, cuando las sanciones dejan de afectar las finanzas de una corporación, dejan también de cumplir su función preventiva. "Cuando las multas son demasiado pequeñas, definitivamente son un modo de hacer negocio y de hacer tan permisiva la ley en México que el incentivo superior de las empresas es poder contaminar."
A diferencia de México —explica— la Unión Europea opera bajo estándares ambientales considerablemente más estrictos. "No le permiten a las industrias verter toxinas directamente al agua". El contraste no solo radica en el monto de las multas, sino en la forma de entender el daño. Mientras en México la sanción suele limitarse a una infracción administrativa, quedan fuera los costos económicos y sociales que permanecen durante años en los territorios afectados.
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"Se vuelve un modo en el cual hay una política ambiental que es el que contamina paga", dice. Pero esa lógica, advierte, deja sin cuantificar "las actividades económicas que se pierden, actividades agropecuarias que se pierden, acceso al río que se puede perder, agua potable para muchas comunidades".
En el caso del Río Sonora, las consecuencias nunca estuvieron confinadas al punto donde ocurrió el derrame. El contaminante descendió por toda la cuenca hasta alcanzar la presa El Molinito, pieza fundamental para el abastecimiento de agua de Hermosillo y uno de los distritos agrícolas más importantes del estado. "La mayoría de los flujos del Río Sonora terminan en una presa que dota de agua a uno de los sistemas de riego agropecuario más importantes de Hermosillo", recuerda el investigador.
La historia adquiere otra dimensión cuando se observa el territorio donde opera la industria extractiva. Sonora es el corazón minero del país y también uno de los estados con mayor superficie concesionada. Alrededor del 31.92 % de su territorio está entregado a proyectos mineros, una extensión que convierte al extractivismo en uno de los principales factores de transformación del paisaje sonorense y de la vida de cientos de comunidades.
Rosado-Zaidi calcula que, a escala nacional, las concesiones mineras alcanzaron en 2023 cerca del 19 % del territorio mexicano. La expansión de esa frontera extractiva, explica, no solo modifica montañas y acuíferos; también altera las relaciones jurídicas y sociales en las regiones donde se instala. "Se pierde la certeza jurídica que ya está tan peligrosamente en riesgo en el campo, particularmente en México."
Sonora es uno de los estados con mayor superficie concesionada. Mapa: Samuel Rosado Zaidi / UNAM
El investigador sostiene que numerosas poblaciones han denunciado la llegada de grupos armados durante las etapas de exploración y explotación minera. "Muchas comunidades en Oaxaca y en otros lugares de México han denunciado que empiezan a entrar grupos paramilitares que presionan para que cualquier organización comunitaria se disuelva", afirma, al recordar que esos testimonios fueron documentados por el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México.
Para Rosado-Zaidi, el problema tiene una raíz institucional. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente —asegura— sigue privilegiando un modelo de autorregulación empresarial. "Es una ley que de hecho es muy permisiva al grado que le da a las empresas la posibilidad de la autorregulación en el caso de los vertimientos."
Esa arquitectura legal provoca que el Estado intervenga, en la mayoría de los casos, cuando el daño ya ocurrió. "Siempre es una ley de un modo muy responsivo", resume.
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Por ello propone modificar los criterios con los que se calculan las sanciones, incorporar una visión de cuenca que considere el recorrido completo de los contaminantes, incluir a las comunidades en la determinación de los daños y fortalecer las capacidades de inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. "También se le tiene que dar dientes a la Profepa para que el delito ambiental pueda también considerarse en algunos casos como un delito penal."
Mientras esas reformas no lleguen, la distancia entre las multas y las fortunas de los grandes consorcios seguirá siendo abismal. En el caso de Grupo México, más de una década después del desastre del Río Sonora, todas las sanciones económicas acumuladas equivalen a poco más de una décima de punto porcentual de la riqueza personal de su principal accionista. Esa diferencia ayuda a explicar por qué, para especialistas como Rosado-Zaidi, el verdadero problema no es únicamente cuánto se castiga la contaminación, sino si el castigo alcanza alguna vez para modificar los incentivos de quien contamina.